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Adjetivo aplicable a los casos de malversación de
fondos públicos donde las instituciones sableadas certifican gastos sin
comprobar que fuesen destinados realmente al objetivo para el que fueron
creados, donde se apela a la honradez como valor incuestionable por parte del
sujeto acusado amparándose en una vida austera como prueba de cargo o donde se
considera que la causa última de la denuncia de despilfarro es un linchamiento
generalizado auspiciado por los enemigos del político en cuestión que intentan
descabalgarlo de la responsabilidad que le encargó el pueblo en unas elecciones
democráticas.
Los casos monagascos se distinguen por no mover
cantidades elevadas de dinero como puede ser el caso de los pujolescos que
también presentan discrepancias en el método, suelen atribuir los desvíos de fondos a la falta de memoria o de
oportunidad para regularizar situaciones incómodas.
La singularidad de lo monagasco
estriba en la reiteración de la mentira con versiones cada vez más
rocambolescas, la extraña terquedad con la que se intenta convencer a la
opinión pública de una inocencia que no sustenta la lógica más elemental o por la
utilización de la táctica tinta del calamar que consiste en ennegrecer todo el
panorama para que al final el hecho monagasco se vea como ridículo e
insignificante.
Entre las alharacas que pueden adornar los casos monagascos
encontramos el honor, la presunción de inocencia, el daño a terceros
(especialmente los hijos que quedarán estigmatizados para siempre), el derecho a la intimidad y los aplausos
de la casta podrida que quieren encubrir a un compadre para que se oculten
otros boquetes económicos de mayor magnitud y gravedad.
El origen del nombre de esta especialidad de
malversación de fondos públicos se atribuye a José Antonio Monago, presidente de la Junta de
Extremadura, que mientras ostentaba el cargo de senador y presidente del PP de
Extremadura durante los años 2009 y 2010 se desplazó en 16 ocasiones a la isla
de Tenerife donde vivía su compañera sentimental siendo costeados los desplazamientos
en su totalidad por el Senado y pretendió convencer a 46 millones de españoles que todos los viajes habían sido motivados por cuestiones inherentes a su cargo.
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